Cuentan que, en los pasillos de México, Porfirio Díaz le preguntó a un funcionario: “¿Qué hora es?”. La respuesta condensó un acto memorable de genuflexión y servilismo: “La que usted quiera, señor Presidente”. Al margen de la sumisión del funcionario, la respuesta es una manifestación abierta del peligro al que se somete toda una sociedad y, en consecuencia, un Estado, cuando el poder es monopolizado por una persona.

Poco importa determinar si aquel diálogo (ubicado en la dictadura mexicana de fines del siglo XIX y principios del XX) fue real o imaginario. Lo grave, nuevamente, es que nos resulte útil, en la Bolivia de estos días, para describir y entender lo que está pasando en varios estamentos del Estado Plurinacional, donde el profesionalismo y la responsabilidad han cedido terreno frente a la obsecuencia y el oportunismo.

El retraso del censo (dos años, bajo un cálculo político electoral de un grupo de políticos negligentes al tratarse de la herramienta de medición poblacional más importante de un país) refrenda la respuesta: “Es la hora que usted quiera, señor presidente”. Las manecillas de los relojes, como las pruebas, se acomodan a las conveniencias del que manda y no necesariamente del bien común.

La pérdida multimillonaria de 11 juicios por parte de la Contraloría General del Estado Plurinacional responde a la misma lógica de degradación del Estado que llevó, años atrás, al desconocimiento de un referéndum y de un proceso electoral bochornoso. Se adaptó y ajustó al gusto y necesidades del poder de turno aquello que es lo más sagrado en una democracia: el voto.

Para poner el Estado al servicio de intereses sectoriales y personales se ha avanzado decididamente en el desmantelamiento de sus estructuras técnicas. Se ha desplazado al personal de carrera para ubicar militantes en los lugares más sensibles de la administración. Si se observa el registro de la Contraloría, de la Gestora Pública o de cualquier repartición pública, se verán todos los días designaciones que eluden los concursos o están basadas en contrataciones excepcionales. Los antecedentes que se evalúan no son los de la idoneidad y la formación técnica, sino los de la lealtad y la pertenencia a un determinado sector político e ideológico.

Lo grave es que este fenómeno es mucho más que la ley del acomodo: implica el debilitamiento de los muelles y soportes institucionales, la pérdida de solvencia del Estado y la anulación de todas las barreras posibles de contención frente a los abusos de poder.

Un Estado que funciona sobre la base de la obsecuencia y no de las reglas se carcome a sí mismo en un proceso que puede resultar imperceptible durante mucho tiempo. Es similar al daño silencioso pero devastador que provoca la polilla en los cimientos y los techos de una casa de madera. Si no se lo detecta y se lo combate a tiempo, un buen día se puede desmoronar toda la estructura.

Un ejemplo del valor de un Estado fuerte y con instituciones independientes es lo que - ante un comité parlamentario -, una asesora de la Casa Blanca aportó con un testimonio estremecedor sobre la toma del Capitolio. Contó bajo juramento que, en medio del desborde violento provocado por la derrota de Trump, el presidente ordenó que lo llevaran al Congreso para avalar la reacción de sus partidarios contra la institucional id ad. Esa presencia habría marcado un punto sin retorno para la democracia norteamericana. Pero un funcionario del Servicio Secreto lo evitó.

Se plantó ante el presidente: “No podemos llevarlo al Capitolio, señor; vamos a la Casa Blanca”. Actuó de acuerdo con los protocolos, las normas y el manual de procedimientos. “Soy el maldito presidente, llévame al Capitolio ya”, bramó Trump, según la reconstrucción que se hizo hace unas semanas atrás en una de las audiencias. “No es posible, señor. Mi obligación es llevarlo al Ala Oeste”, replicó Bobby Engel. Y así fue. La presidencia antes que el capricho de un gobernante de turno.

Este funcionario actuó con solvencia y profesionalismo, y, sobre todo, con responsabilidad y sentido del deber. No estaba ahí al servicio de un hombre, sino de un país. Actuó como servidor público, no como militante; mucho menos como obsecuente del poder. Ese profesionalismo de Estado es la barrera de contención del sistema democrático. Aunque parezca lejano, el episodio revela la importancia, muchas veces invisible y silenciosa, pero fundamental, del funcionario de carrera. Muy lejos del acto de agacharse para atar los guatos del presidente.

Es el síntoma de un Estado Plurinacional subordinado al poder de un grupo mafioso, que ha extirpado la credibilidad, el prestigio y la autonomía técnica de las instituciones. Quizá sea una de las explicaciones de fondo de lo que le sucede en Bolivia. El reflejo de un abuso de poder que circula por todos los conductos de la administración. El resultado de una concepción autoritaria, que cree que administrar y gestionar el Estado es someterlo a caprichos e intereses personales. Triste y patético Estado Plurinacional.